En declaraciones a Efe, César Nakazaki manifestó que la ratificación de la sentencia refleja el deseo de destruir políticamente a su cliente y desdibujar su “gran obra” que es la lucha contra el terrorismo.
La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia confirmó por unanimidad la condena a 25 años de prisión contra el ex presidente Fujimori por la matanza de 25 personas en Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en el marco de la lucha antiterrorista durante su régimen (1990-2000).
Asimismo, este tribunal, cuya decisión se conoció cerca de las doce de la noche del sábado, ratificó por mayoría (4 votos a 1) que se cometió secuestro agravado contra el periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, tras el “autogolpe” de Estado de 1992.
Nakazaki subrayó que la decisión judicial “nos va a llevar a iniciar toda una cadena de hábeas corpus, de los cuales ya hace unas semanas hemos comenzado uno”.
El letrado explicó que anteriormente había presentado un hábeas corpus ante un tribunal para recusar la composición de la Primera Sala, presidida por Duberlí Rodríguez, pero fue rechazada.
“Eso motivó un hábeas corpus que de prosperar generaría la nulidad de la sentencia de la sala de Duberlí Rodríguez y que se lleve a cabo una nueva vista de la causa”, aseguró el abogado de Fujimori.
“Yo creo que si alguien le va a hacer justicia al (ex) presidente Fujimori, esa justicia tenemos que buscarla en otro Poder Judicial recompuesto o sino a nivel del Tribunal Constitucional”, acotó.
Por su lado, el abogado de la parte civil en este juicio, Ronald Gamarra, manifestó hoy a Canal N de la televisión peruana que “Perú ante los ojos del mundo ha hecho justicia” y destacó la “imparcialidad, transparencia y objetividad” de los tribunales que condenaron y ratificaron la sentencia contra Fujimori.
Gamarra también enfatizó que el proceso penal por las matanzas y los secuestros “terminó con la sentencia expedida con la sala que presidió el doctor Duberlí, argumentar una y otra gestión, son manotazos de ahogado”.
Fujimori está recluido en el local de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Dinoes) desde su extradición desde Chile en septiembre de 2007 por dos casos de violación de los derechos humanos y cinco de corrupción.
Además de esta sentencia por violación a los derechos humanos, el ex presidente también fue condenado el año pasado a 8 años por el pago de una indemnización laboral a su entonces asesor Vladimiro Montesinos, a 6 años por el allanamiento ilegal de la vivienda de la esposa de este y a otros 6 años por otros casos de corrupción, pero las penas no son acumulativas en Perú.
Su hija Keiko Fujimori, congresista y una de las favoritas en las encuestas de cara a los comicios presidenciales de 2011, aseveró en varias oportunidades que de salir elegida indultará a su padre.
